Las federaciones de cooperativas de servicios públicos, Face Córdoba y Fecescor, fueron convocadas por la Comisión de Energía y Transporte de la Legislatura de la provincia de Córdoba, para emitir opinión técnica, junto con otras instituciones, acerca del proyecto de reciente ingreso en la Unicameral, por el que se propone dilatar la aplicación de la ley de seguridad eléctrica provincial en espacios de acceso público.
El día Miércoles 30 de Octubre, en la sala “ARA General Belgrano” de la Legislatura, se dio tratamiento en comisión legislativa al proyecto que sugiere trasladar al 1º de Diciembre del 2021, el plazo previsto en el art. 7 de la ley provincial Nº 10.821, normativa que determina la implementación del régimen de seguridad eléctrica para Diciembre del presente año, en aquellas instalaciones eléctricas existentes de todos los inmuebles, lugares y locales de acceso público, sean estos interiores o exteriores, de carácter público o privado.
Del mismo modo, propone diferir el plazo respecto de los municipios, comunas o titulares de instalaciones de alumbrado público o señalización existentes, de conformidad con la ley, estos organismos deberán acondicionar dicha infraestructura a los parámetros de seguridad de la ley, acreditándolo ante la correspondiente distribuidora mediante la presentación del “Certificado de Instalación Eléctrica Apta”.
En el caso específico de las reparticiones públicas y municipios, el proyecto prevé la presentación ante la autoridad de aplicación, hasta el 1° de junio de 2020, de un programa de adecuación a la ley, una vez verificada la presentación contarán con un plazo de dos años para la ejecución de dicho plan.
El borrador también anticipa la posibilidad para aquellos particulares encuadrados en el artículo 2 inciso b)1 de la Ley 10.281, que se vean impedidas de presentar el certificado de instalación eléctrica apta por razones socioeconómicas, podrán, de acuerdo con el proyecto, ser exceptuadas de dicha obligación hasta el día 1° de diciembre de 2021. La excepción será otorgada por la autoridad de aplicación de la Ley 10.281, contra presentación de una declaración jurada y con arreglo al trámite que se prevea en la reglamentación.
En representación de Face Córdoba asistió su vicepresidente, Raúl Castellino, con el acompañamiento técnico del Ing. Miguel Morillo y el coordinador general de la institución, Guillermo Oviedo, hicieron lo propio en nombre de Fecescor, Luis Castillo y Raúl Hoya, presidente y tesorero, respectivamente.