El pasado 27 de Noviembre, con el objetivo de consolidar el proceso de transición energética y migrar -ordenadamente- de una economía basada en combustibles fósiles a una economía sustentada en fuentes de energía renovable, fue sancionada en la provincia de Córdoba la Ley Nº 10.721: “Ley de Promoción y Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía”.
La flamante normativa establece, a partir del día 1 de enero de 2021, en el ámbito del sector público provincial -financiero y no financiero-, la obligatoriedad de la inclusión en todos los pliegos de contratación de bienes, servicios y obra pública, de cláusulas específicas que acuerden beneficios especiales en términos de puntuación y ponderación de ofertas a aquellos ofrecimientos formulados por proponentes que acrediten el uso de biocombustibles en los vehículos que integran su flota o la de sus eventuales subcontratistas, como así también la provisión de bienes reciclables y biomateriales.
En este sentido también determina un plan de migración para los organismos del sector público provincial, que deben presentar en el término de ciento ochenta días, un plan progresivo de migración de uso de combustibles fósiles a biocombustibles en toda su flota.
Asimismo, ordena a los servicios de transporte público masivo de pasajeros en todo el territorio provincial, ya sea de jurisdicción provincial o municipal, en todas sus modalidades de prestación, la obligación de utilizar biocombustibles en la flota afectada a sus servicios. En este caso, deriva a la autoridad de aplicación, el cronograma de migración.
Luego, relacionado con el sector energético, señala que el Poder Ejecutivo Provincial deberá incentivar y fomentar, a través de programas específicos, el uso de biocombustibles en toda actividad asociada a la generación eléctrica en la provincia, ya sea en módulos de potencia como en toda la generación distribuida de baja potencia, sea esta comunitaria o no, así como en la generación de energía con autogeneradores o grupos electrógenos.